En el 2003 el Congreso, apoyado por el IPAB, pidió a los cuatro bancos
(Banamex, BBVA Bancomer, Banorte y Bital, que luego cambió su nombre a HSBC
México) someter a una nueva auditoría los cerca de US$20,000 millones (en
términos brutos, incluyendo intereses acumulados desde la venta inicial) de
créditos adquiridos bajo el programa PCCC, como prerequisito para el
intercambio de los pagarés por nuevas notas del IPAB. La disputa entre las
partes se centra en la legalidad de una porción de los créditos vendidos, que
las autoridades han definido como “irregulares”. Las demandas legales fueron
detenidas por los bancos al justificar que la nueva auditoría no se contemplaba
en la ley, además de que los créditos en disputa ya habían sido auditados en 7
ocasiones (incluyendo la CNBV, FOBAPROA, auditores externos y el IPAB) desde
que fueron vendidos al FOBAPROA. Adicionalmente, los bancos argumentaron que el
alcance de la nueva auditoría era demasiado amplio e “impreciso”.
Eventos Recientes
El 15 de julio del 2004, la SHCP y los bancos mencionados firmaron el
largamente esperado acuerdo donde se resolvía esta disputa. Algunos de los
términos del acuerdo son los siguientes:
·
Habrá auditorías independientes a los créditos
adquiridos por el IPAB mediante el PCCC. La revisión comprenderá la Gestión,
Existencia y Legalidad de los préstamos.
·
El IPAB tiene la obligación de asumir la deuda bruta
del FOBAPROA (Tabla 1). El valor de la deuda se encuentra sujeto a posibles
ajustes a la baja como resultado de las revisiones.
·
IPAB tiene la obligación de emitir pagarés a los
bancos una vez que las revisiones hayan concluido y se ejecuten los resultados.
·
Los términos y condiciones originales de los pagarés
FOBAPROA (tasa de interés y vencimientos, en su mayoría durante 2005 y 2006) se
mantendrán sin cambio después del intercambio por Notas IPAB.
·
Antes de firmar el acuerdo los bancos tienen que
desistir de sus demandas legales contra el IPAB.
·
Al momento de firmar el acuerdo, ciertos créditos
(préstamos “pequeños”, inferiores a $200,000 pesos al final de 1995) que las
autoridades creen fueron vendidos incorrectamente al FOBAPROA, serán segregados
en un fideicomiso que los mantendrá mientras un proceso judicial determina si
la venta puede ser revertida. Si el fallo es favorable a los bancos, los
créditos serán asumidos por el IPAB; en caso contrario, los bancos absorberán
el costo de los mismos.
·
Tras firmar el acuerdo, Banamex y BBVA Bancomer
deberán comprar al IPAB algunos créditos relacionados, incluyendo intereses
devengados, que fueron cuestionados por la Auditoría Superior de la Federación
(ASF).
·
La auditoría durará un período de seis meses, después
del cual las autoridades y los bancos tendrán un mes para discutir los
resultados.
·
Los bancos tienen la opción de recomprar al IPAB a
valor de mercado algunos créditos comerciales o hipotecarios que no se hayan
recuperado, incluso podrían ser vendidos por los propios bancos a terceros
mediante un mecanismo de subasta pública.
Concluidas las auditorías, los pagarés del FOBAPROA pueden ser
intercambiados por uno de los siguientes mecanismos (o alguna combinación):
·
Un crédito directo otorgado por el banco al IPAB.
·
Los bancos pueden recibir deuda emitida por el IPAB,
totalmente comparable con los bonos operados en el mercado de deuda, conocidos
como Bonos de Protección al Ahorro (BPA’s).
·
Los bancos pueden recibir un pago en efectivo, que
puede ser usado para adquirir deuda de mercado del IPAB.
·
Los bancos pueden recibir bonos con condiciones
similares en cuanto a vencimientos y cupones que los actuales pagarés del
FOBAPROA.
Después de completar las auditorías el IPAB puede tomar cualquiera de
los siguientes caminos de acción:
·
IPAB puede mantener el crédito, si está satisfecho de
su origen (el préstamo no fue irregular).
·
IPAB puede rechazar el crédito e intercambiarlo con el
banco.
·
Si el crédito fue señalado como irregular, el banco
deberá adquirirlo del IPAB.
Efecto en los bancos
Aunque parte de las cifras no se han hecho públicas, Fitch Ratings
considera que las pérdidas netas que tengan que absorber los bancos, como
resultado de este acuerdo, serán relativamente bajas y sin efecto en sus
calificaciones. Por esta razón, Fitch no anticipa cambio alguno en las
calificaciones de estos bancos derivado del Acuerdo.
Además, es importante mencionar que nuestras calificaciones se sustentan en una
medida significativa en el soporte disponible con que cuentan estos bancos de
parte de sus accionistas. La importancia de las operaciones en México dentro de
la estrategia global de los bancos matrices (Banamex es parte de Citigroup,
BBVA Bancomer de BBVA y HSBC México de HSBC) ha llevado a Fitch a otorgar una
calificación de Soporte del nivel ‘2’ a cada una de estas instituciones, la
cual implica una alta probabilidad de apoyo externo en caso de ser requerido.
Además, Banorte cuenta con una calificación de Soporte ‘3’, basada en su
importancia en el sistema financiero, por lo que a juicio de Fitch, existe una
probabilidad razonable de que el banco sea apoyado en caso de ser necesario.
La Tabla 1
muestra algunas cifras proporcionadas por la SHCP, que han sido complementadas
por el reporte estadístico trimestral de la CNBV y estimaciones propias de
Fitch. Las cifras muestran la cantidad total de Pagarés emitidos tras el PCCC
en manos de los cuatro bancos ($223 mil millones de pesos) y los cálculos para
llegar a la deuda bruta que se estima será absorbida por el IPAB ($160 mil
millones de pesos). La compra de créditos relacionados ($9,500 millones) será
principalmente por parte de Banamex y BBVA Bancomer. El acuerdo estima una
recuperación de activos por $3,200 millones adicionales a lo ya recolectado por
los bancos ($53,400 millones a la fecha, señalados como ‘cuentas de cheques’),
que representa alrededor del 2% de la deuda bruta que será asumida por el IPAB.
Las cantidades en el ramo de cuentas de cheques son las recuperaciones
que se han obtenido desde 1995, mientras que las pérdidas compartidas ($39,000
millones) e incentivos ($10,700 millones) son reservas creadas por los bancos.
La línea de préstamos “pequeños” (7,000 millones de pesos) representa un
posible pasivo adicional para los bancos o el Gobierno, dependiendo de la
resolución jurídica. Las pérdidas esperadas de los bancos se refieren la compra
de créditos relacionados y otros créditos comerciales e hipotecarios (no
registrados en la Tabla 1), así como el riesgo de que las recuperaciones
futuras no alcancen los niveles esperados. Adicionalmente, podrían detectarse
más créditos “irregulares” que los bancos deberían absorber. Sin embargo, los
bancos podrán contrarrestar dichos cargos con las reservas de pérdidas
compartidas e incentivos, los que reducirá notablemente el posible impacto
negativo para las instituciones.
Financieramente,
el Acuerdo se aprecia positivo en el mediano plazo para los bancos, a pesar de
absorber costos en el corto plazo. Mientras que las pérdidas netas serán
moderadas y algunos cargos serán deducibles de impuestos, los bancos están
migrando una parte considerable de su balance (en promedio alrededor del 9%
neto de recuperaciones, pérdidas compartidas y programas de incentivos) de
activos ilíquidos hacia activos líquidos. Hay otros beneficios: el componente
político será eliminado (cuando concluya la auditoria), permitiendo a las
administraciones de los bancos concentrarse en el negocio crediticio y no en
asuntos políticos.
