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Ricos y Poderosos
Marco Antonio Mares
Modalidad 40, ¿laberinto legal?
¿Cuál
es la razón por la que el gobierno
mexicano decidió cambiar las reglas
para la Modalidad 40 (M-40) del
IMSS? ¿Cuál es el
cálculo sobre el que se basaron
quienes recomendaron llevar a cabo
éste complicado paso? ¿Representa
el primer paso para rediseñar el
sistema de pensiones? ¿Hasta dónde
llegarán las autoridades para
denunciar y en su caso sancionar a
los defraudadores? Llegarán,
como lo han dejado entrever, a
¿hacer pública la lista de quienes
supuestamente abusaron de la M-40? ¿Harán
reversible o cancelarán el pago de
las pensiones de quienes acusan que
cometieron fraude para alcanzar los
montos máximos? Hasta ahora
no hay respuestas a estas y muchas
otras preguntas. Es un
proceso en curso. Por lo pronto, hay
mucha incertidumbre, no solo por las
consecuencias que tendrá para la
derechohabiencia. Las
inquietudes también plantean
interrogantes sobre el enorme
elefante en la sala: el sistema de
pensiones, el elevado y creciente
costo que representa el pago de las
pensiones. ¿Ayudará a
resolver la complicada convergencia
de los 3 regímenes que coexisten a
la fecha?: 1.- El de la
Ley de 1973; 2.- La Ley de 1997 con
la que cada trabajador acumula su
ahorro en una cuenta individual; 3.-
La pensión universal para personas
mayores de 65 años. Muy
probablemente, los tomadores de
decisiones en el gobierno hicieron
el diagnóstico. Siguen realizando
los análisis actuariales
correspondientes en torno al impacto
económico de la defraudación en
torno a la M-40. Quizás no
hicieron la valoración política,
social y legal de lo que implicaría
las medidas establecidas en el
acuerdo que resolvió poner en marcha
el Consejo Técnico del IMSS. Las
modificaciones a la Modalidad 40
(M-40) del IMSS podrían convertirse
en un complicado laberinto legal,
con pocas posibilidades de encontrar
la salida. La acusación
desde el gobierno y el propio IMSS
señala un fraude por miles de
millones de pesos, con el abuso de
la M-40. La denuncia
gubernamental, hasta ahora, es en
general. No hay, todavía, ni montos
específicos de la presunta
defraudación, ni acusaciones
precisas en contra de nadie. Los expertos
legales aseguran que un acuerdo del
Consejo Técnico del IMSS no puede
estar por encima de lo que dispuso
el legislador; el cambio tendría que
transitar por el Congreso, dicen. La
acusación, exhibición y eventual
invalidez y sanción de las presuntas
pensiones abusivas, podrían derivar
en una oleada de amparos. ¿Qué impacto
político alcanzará un escenario como
ese? ¿De qué
magnitud será el ahorro para la
Secretaria de Hacienda, para el
gobierno, el cambio dispuesto en la
M-40? Por lógica
económica hay quienes aseguran que
es un paso positivo en la dirección
correcta. El IMSS y
Hacienda tendrán que hacer pública
la información que resulte del
análisis ordenado. Por lo
pronto, para el IMSS, el impacto
positivo será nulo porque no es el
organismo el que paga lo que
corresponde a la Ley de 1973,
incluída la M-40. Desde la
secretaria de Hacienda, encabezada
por Edgar Amador y el IMSS, dirigido
por Zoe Robledo, aseguran que se
trata de una medida que busca evitar
el abuso en torno a la M-40. Sostienen
que está afectando negativamente los
recursos públicos. Es injusto,
que la gente se beneficie más allá
de la realidad, explica Héctor
Santana Suárez, titular de la Unidad
de Seguros, Pensiones y Seguridad
Social de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público. Creemos que
se venía defraudando el objetivo
central de la modalidad 40, que era
abrir la posibilidad a quienes
estuvieran cerca del retiro y se
quedara sin trabajo, de alcanzar la
pensión, pero no de abusarla,
comentó. El
funcionario rechaza que haya una
crisis financiera y subraya que la
decisión primordial (del gobierno y
del IMSS) es evitar que se siga
afectando el patrimonio
institucional. Para el
experto en pensiones Pedro Vázquez
Colmenares la M-40 es apenas la
punta del iceberg de los cambios que
tiene que hacer el IMSS. La M-40, sí
es un derecho pero se abusó de ese
derecho, por ganancias de gestores y
de servidores públicos. Es positivo
que se atienda, pero debe hacerse de
tal manera que no paguen justos por
pecadores. La M-40, sin
lugar a dudas, se convirtió en una
disposición legal que con el tiempo
convirtió su positivo objetivo
original en una fuente de
irregularidades, corrupción y
fraudes, en demérito de los recursos
públicos. La decisión
de resolverlo apunta en la dirección
correcta. La pregunta
es si, el camino y el momento
seleccionados para hacerlo, serán
los correctos. Ojalá el
asunto no termine en un enredo legal
e improductivo económica y
políticamente. Twitter: @marco_mares |
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(La columna Ricos y Poderosos se publica de
lunes a viernes en el periódico El
Economista. Se reproduce con la autorización
del autor). |
