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Cuenta Corriente
Alicia Salgado
Acuerdo con
cruceros en puerta
ROSARITO,
BC.— Una seria preocupación de las cadenas
hoteleras y de hoteleros es la imposición de
gravámenes indirectos al turismo, ya sea por
hospedaje como por el arribo de cruceristas,
y ahora el aumento que se rumora viene a las
plataformas de contacto por la renta
extrahotelera que será incorporada a la
iniciativa de Reforma a la Ley General de
Turismo. Por cierto, respecto
al cobro de la tarifa de Derecho de No
Inmigrante (DNI) a cruceristas, la
secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez,
coordinadora de las negociaciones entre
gobiernos y puertos receptores de los
cruceros, con el apoyo de los gobernadores
de Baja California, Marina del Pilar;
Quintana Roo, Mara Lezama, y Baja California
Sur, Víctor Manuel Castro, con el secretario
de Hacienda, Edgar Amador, y los
representantes de los cruceros, se pretende
que se cobren cinco dólares por turista que
descienda al país y no los 42 dólares
incorporados a la Ley de Ingresos el año
pasado como Derecho de No Residente, una
categoría que aplica y fue autorizada a
regañadientes en la última década del siglo
pasado en el seno de la Organización Mundial
de Turismo, porque se argumentó que sería
utilizado para mejorar la infraestructura de
conectividad del país y la promoción activa
de la actividad turística en México. El cobro acordado, y
que será anunciado en breve, representará
unos 700 millones de pesos y para dotar de
transparencia a su destino, cada entidad
integrará un fideicomiso para dirigir cada
peso a cinco fines: promoción, mejora de
infraestructura de recepción de puertos,
mejoramiento urbano y certificación Unesco
de rutas únicas que podrían ser ofrecidas a
cruceristas. El año pasado
llegaron a México siete millones de
turistas: 75 por ciento llegan a
Cozumel y Mahahual, y el resto a Vallarta,
Los Cabos y Ensenada, que son los
principales puertos turísticos (Acapulco
intenta atraerlos, pero está lejos por la
obsolescencia de la infraestructura
portuaria y la inseguridad en el tránsito
hacia destinos de corta estancia). Los cruceros dejan
una gran derrama económica, pero se está
buscando que también aumenten sus compras de
proveeduría local y esto implica un desafío
diferente. DE FONDOS A FONDO #Plataformas… La
Suprema Corte de Justicia de la Nación va a
revisar si es legal o no el nuevo impuesto
de 2% que pretende cobrar el gobierno de la
Ciudad de México, de Clara Brugada, a
plataformas como Didi, Uber y Rappi, por lo
que denomina cobro de “aprovechamiento por
el uso de la vía pública”, una categoría
confusa en términos recaudatorios e incluso
sociales. En el fondo, se
pretende un cobro extra por utilizar
espacios que deberían ser libres y
accesibles para todos, pero el discurso
oficial insiste en que este nuevo cargo no
afectará ni a usuarios ni a repartidores,
como si repetir una idea muchas veces la
convirtiera en verdad. Pero pensar que este
tipo de medidas no se reflejan en el costo
final es tan ingenuo como creer que los
aranceles de Donald Trump no encarecen lo
que comprarán los estadunidenses en la
tienda. Alguien tiene que absorber el
gravamen, y nunca es quien lo impone. Dada la relevancia
del tema, la decisión de la Suprema Corte
será fundamental para el futuro de
repartidores y consumidores que dependen del
servicio que ofrecen las plataformas de
contacto, no sólo por el precedente que
sentará en cuanto a cómo se regula a la
iniciativa privada respecto a la equidad
tributaria, sino también porque representa
la última barrera frente a decisiones que
pueden ser regresivas, opacas y contrarias a
la Constitución. México necesita
reglas fiscales que promuevan la equidad sin
castigar la innovación. La Corte tiene ahora
la responsabilidad de decidir si este
llamado “aprovechamiento” es una medida
legítima o simplemente un nuevo disfraz para
recaudar sin transparencia.
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| (La columna Cuenta Corriente se publica de lunes a viernes en el periódico Excélsior. Se reproduce con la autorización de la autora). |
